La directora Departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Soldad Díaz, solicitó audiencia al Intendente José Luis Falero para considerar la situación del refugio.
Como ha sido informado, la comuna resolvió dejar de abonar el alquiler de la casa en la que funciona argumentando que la mayor parte de sus usuarios no son del departamento.
«Llama la atención, cuando hace muy poco analizamos la mudanza del refugio a otra casa con otras comodidades, y el dio el aval para seguir pagando el alquiler», expresó Díaz.
Por otra parte, dijo que lo manifestado por Falero «no va en línea con la que ha sido su actitud durante los últimos años, colaborativa y sensible hacia las personas en situación de calle», afirmó.
La Directora reiteró que lo datos que maneja sobre la presencia de no oriundos del departamento no son correctos y que la población de San José es «bastante más alta» que la que ha señalado el jefe comunal.
Tras indicar que las autoridades del Programa Calle del MIDES están al tanto de la situación, Díaz manifestó que «todo esto será parte de la conversación que pretendemos tener».
Por otra parte, y sobre la posibilidad de cierre del servicio, la funcionaria dijo que tiene asidero pero que no sucederá durante el invierno. «Puede darse pero posteriormente», enfatizó.
Más específicamente, Díaz señaló que el Programa analiza su traslado hacia otro departamento.
«San José no ha valorado el servicio que brinda el refugio. Sería un servicio muy preciado en otros departamentos, cuyas Intendencias reclaman tenerlo», aseguró
Y continuó: «hemos minimizado la respuesta que estamos dando en San José. El servicio nos permite dar respuesta inmediata a personas en situación de calle, que van a configurar otro escenario si deja de funcionar», alertó.
«De hecho -remarcó- si alguien de San José lo necesita va a tener que trasladarse a otro departamento. O sea, el argumento que él plantea puede dársele a los maragatos al tener que ir a otro lado», recalcó.
«Otros departamentos reclaman refugios como el que tenemos. Por ese motivo yo creo que la conversación nos puede llegar a permitir calibrar la dimensión del servicio y los efectos de perderlo», reiteró.
Para la directora, argumentar en base al origen de las personas «nos hace pasar por encima de principios que tienen que ver con la protección de los derechos humanos que trascienden el nivel departamental».
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