Las edilas del FA, Ana Gabriela Fernández y Mariana De los Santos, presentaron este martes un proyecto de decreto tendiente a combatir el delito de receptación desde la esfera del gobierno departamental.
Se trata de una iniciativa que, en su artículo 1°, establece que los funcionarios de la Intendencia estarán «obligados a denunciar ante las autoridades cualquier actividad de apariencia delictiva a partir de sus potestades inspectivas de numerosas actividades comerciales de venta pública de objetos usados, de segunda mano y/o reciclados».
En ese marco, y de acuerdo al artículo 2°, para «la expedición de cualquier tipo de certificado que sea potestad del gobierno departamental, los solicitantes que comercien los productos citados en el Art. 1 deberán tener un Inventario de Procedencia de Artículos Usados».
En el mismo deberá constar «nombres completos con N° de Cédula de Identidad, domicilio y teléfono del vendedor y/o de quien se lo cedió a cualquier título».
«Este inventario -según el artículo 3°- será efectuado «con formularios oficiales, que serán aportados por el persona del Inspección del Gobierno Departamental». El vendedor, por su parte, deberá tener los mismos «ordenados y bien conservados a su disposición en todo momento».
En el artículo 5° se determina que aquellos artículos para la venta «que no consten en el formulario respectivo, deberán ser retirados por el cuerpo inspectivo y retenidos hasta tanto no sea regularizado el formulario completo».
«Pasadas las 48 horas -prosigue el artículo- de no haberse regularizado en forma, él o los objetos en cuestión deberán ser presentados ante la Seccional Policial correspondiente, con la denuncia del hecho».
Finalmente, en el 6° y último artículo, el proyecto indica que en aquellas zonas donde exista Municipio, la observancia del decreto estará a cargo de ese nivel de gobierno, debiendo para ello la Intendencia disponer de los recursos humanos necesarios para ello.
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