El ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Dr. Álvaro Garcé, consideró que Uruguay atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia.
Garcé encabezó anoche, en la casa del Partido Nacional, una reunión sobre la temática con la presencia de ex oficiales y jerarcas policiales de todo el país.
De la misma fueron parte casi todos los candidatos de la diputación por el Sumate, así como también el intendente José Luis Falero.
«Las políticas de seguridad han fracasado como lo demuestran las propias cifras del Ministerio del Interior», aseguró Garcé.
Al respecto recordó que actualmente Uruguay tiene una tasa de homicidios histórica y un incremento notable de otros delitos.
«Es una crisis de seguridad sin precedentes» sostuvo Garcé. Políticas equivocadas, mala gestión y falta de apoyo a la Policía explican esa situación, dijo.
El ex comisionado consideró que para revertir ese panorama, una de las medidas fundamentales que se debe adoptar es el restablecimiento de las comisarías como unidades operativas básicas.
«Deben ser el espacio natural de relacionamiento entre la Policía y la población. A donde el vecino pueda acercares a plantear sus denuncias y se pueda recabar la información necesaria para investigar y aclarar los delitos», señaló.
Para ello, consideró también que hay que mejorar la distribución de los efectivos disponibles que, en su opinión, su suficientes.
«Uruguay tiene una mayor relación policías-cantidad de población que Estados Unidos. Si hoy hay comisarías que no tienen la dotación suficiente, es por un problema de gestión. Es insólito que con una fuerza policial de más de 30 mil hombres haya comisarías que no tengan gente», afirmó.
Garcé señaló que otra pata básica pasa por la reformulación del sistema carcelario, que hoy en día es «un espacio donde se aprende a delinquir».
En este marco, y con respecto a la participación de los gobiernos departamentales en asuntos vinculados a la seguridad, dijo no ver impedimentos.
Recordó que la Constitución establece que no pueden ejercer tareas de represión, pero remarcó que nada les impide observar y vigilar.
«No veo razón no constitucional ni legal para que esa complementación se pueda dar», concluyó.
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