Como se preveía la Junta Departamental decidió elevar a la Justicia y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) lo actuado por la comisión investigadora sobre el comportamiento de la ISJ con respecto a al deuda de la funeraria del diputado Bacigalupe.
Fue con los votos de los ediles de Alianza Nacional y el Frente Amplio, cuyos representantes en el grupo de trabajo -Susana Gásperi, Pablo García y Ana Gabriela Fernández elaboraron el informe en mayoría.
En el documento, de nueve páginas, ambos sectores concluyen que hubo «un trato preferencial» de la comuna.
Entienden que ello quedó visualizado, por ejemplo, en que la funeraria del legislador firmó «una mayor cantidad de convenios que la empresa Etchemendy, (…) cada vez por montos mayores, lo que no sucede con la empresa Etchemendy, que el segundo convenio es por un momento menor que el primero».
La comparación con la empresa Etchemendy surge porque durante el lapso analizado (período 2010-2015 y 2015 a la fecha) suscribió convenios por de deudas contraídas por idéntica razón que la empresa Bacigalupe, es decir, el no pago de la tasa de servicios de cementerios.
Los convenios firmados por la funeraria del legislador fueron tres: el 18 de setiembre del 2014, por $ 523.019, el 20 de mayo del 2016, por $ 1.597.856 y el 6 de octubre del 2017 por $ 2.761.030
Los de la empresa Etchemendy, en tanto, fueron dos y datan del 18 de setiembre del 2014, por $1.395.214 y del 7 de julio del 2017 por $ 1.306.619
Del mismo modo, consideran que «se evidencia la prevalencia del interés privado sobre el público y la posible influencia que pudo tener el Sr. Ruben Bacigalupe en su calidad de Director de al Intendencia sobre quienes deberían otorgar el convenio con fecha 18 de setiembre de 2014″.
En tercer lugar, Alianza y el FA señalan que -además- «se permitió que otras empresas actuaran como subsidiarias de la empresa de la familia Bacigalupe considerándolas un mismo grupo económico».
Este aspecto se refiere a la empresa identificada con el nombre de Marcio Colacho (hijo de Lourdes Bacigalupe) que fue contratada por la Intendencia para realizar traslados de cuerpos de indigentes y «aceptó que la totalidad del dinero generado por sus servicios (…) sea destinado al pago de la cuenta de la obligación de la empresa de nombre fantasía San José» es decir la funeraria del diputado.
Por todo ello, se dispuso la remisión de «la totalidad de las actuaciones obrantes» a la Fiscalía Letrada del departamento de San José «a efectos de que pueda determinar si los hechos mencionados (…) constituyen delito o no».
Del mismo modo, lo actuado será elevado a la Junta de Transparencia y ´Ética Pública «a efectos de que se expida sobre los hechos relatados en el literal B2.I de este informe».
En el mismo se señala, entre otras cosas, que Bacigalupe «estaba contratado como funcionario (jerarca de la Intendencia) al momento de la celebración de un nuevo convenio con su empresa -a la que estaba vinculado y que, según sus propias palabras siempre fue propietario- (lo que) nos lleva a pensar que existió al menos un conflicto de intereses que debió ser informado a la Junta Departamental».
En otro orden, Alianza y el FA aconsejaron al plenario que proceda «a sancionar a la brevedad, legislación sobre el objeto de la presente investigación, creando un registro de empresas fúnebres del departamento de San José.
Es que un aspecto en el que la totalidad de los integrantes de la comisión coincidieron, fue en la necesidad de que el departamento cuente con un marco que regule el funcionamiento de las empresas fúnebres, que hoy prácticamente no existe.
Asimismo advirtió «al Ejecutivo Departamental de San José que debe utilizar todos los mecanismos legales a su alcance a efectos de la recaudación de tributos».
EN MINORÍA. El informe en minoría, de seis páginas y que sólo contó con los votos del Sumate, fue elaborado por los ediles Juan Martín Álvarez y Manuel Larrea.
Ambos curules coinciden con sus pares de Alianza y el Frente Amplio en la necesidad de que se sancione «a la brevedad» legislación que regule el funcionamiento de las funerarias y permita tener un registro de las mismas, así como también en que la Intendencia debe «utilizar todos los mecanismo legales (…) a los efectos de la recaudación de tributos».
Álvarez y Larrea también comparten que las actuaciones fueran remitidas a la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Sin embargo, discrepan en que la Intendencia haya tenido un trato preferencial con la empresa fúnebre del líder de la lista 50, «por cuanto ante una situación de incumplimiento tributario por parte de la empresa Etchemendy se procedió por idénticos carriles exclusivamente administrativos»
Ambos informes sugerían que «las actas y el material obrante en la presente Comisión Investigadora» fueran «de libre acceso al publico», lo que fue aprobado.
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