El presidente de la Junta Departamental, Juan Martín Álvarez, decidió prescindir de los servicios del Dr. Germán Sfeir como asesor legal del deliberativo, luego de que realizara expresiones públicas sobre el archivo dispuesto por Fiscalía del caso relacionado con el comportamiento de la ISJ con respecto a las deudas de la empresa fúnebre del diputado Ruben Bacigalupe.
Las declaraciones de Sfeir se produjeron este lunes en el programa Sobremesa de Radio 41, que conduce el periodista Jorge Gutiérrez Pérez.
Allí, el profesional consideró que la decisión del archivo fue «apresurada» porque, a su entender «faltaban medios probatorios esenciales, que son cantados».
Entre ellos, mencionó la posibilidad «tomar declaración a las otras empresas (fúnebres) del departamento» a fin de comparar y poder determinar si la Intendencia tuvo o no un trato preferencial con la funeraria del legislador.
En ese sentido, Sfeir cuestionó que el archivo se haya dispuesto luego de tomar declaración a personas directamente vinculadas a los hechos investigados. «Lo que el indagado dice de sí mismo no sirve como elemento de prueba. Se debe probar de otra forma. Es una regla del derecho probatorio» recordó.
Quienes comparecieron ante el fiscal actuante, Dr. Alfredo Ruiz, fueron los contadores Gerardo Gadea y Adelina Ocampo de la dirección de Hacienda de la Intendencia, Lourdes Bacigalupe -hermana del diputado y co propietaria de la empresa- y el hijo de esta.
«Está bien que declaren, pero ¿cómo no se va a escuchar, por ejemplo, al resto de las empresa del medio? ¿Cómo se puede comparar? Y eso para entrar a ver, a estudiar de verdad y con profundidad los actos que la Junta y la comisión (investigadora) detectaron reñidos con la norma administrativa», recalcó.
El abogado recordó que además de elevar lo actuado por la investigadora a la Justicia, la Junta Departamental también resolvió enviarlo a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) la que decidió no expedirse hasta tanto finalizara el proceso judicial que se desarrolló.
«Si la JUTEP determinara, ahora, que existió una conducta que pueda ser reprochable desde el punto de vista penal, lo que yo tengo que hacer es asesorar a la Junta para que presente a Fiscalía esa nueva argumentación técnica para intentar reabrir el caso», indicó.
El mecanismo para ello es solicitar al Juez Letrado en materia Penal competente que, con los nuevos elementos y la expresión de disconformidad con el archivo, «ordene al otro fiscal, al subrogante, que trabaje sobre lo hecho por el fiscal que archivó el caso para que lo confirme o no. Y en caso de que no esté de acuerdo, seguir con la investigación», agregó Sfeir.
A tales efectos, el plenario del deliberativo debería reunirse -eventualmente en sesión extraordinaria en virtud del momento del año que transcurre- para adoptar una resolución al respecto. «Sería necesario que se expida, en cualquier sentido, pero que se expida. Que no se expida no sería una señal muy positiva», opinó.
Sobre el final de la entrevista, el abogado lamentó la falta de colaboración de la Intendencia con la comisión investigadora, aún cuando las normas vigentes establecen que debe existir colaboración entre organismos públicos en este tipo de casos.
Varias veces, durante el tiempo que duró su labor, los ediles señalaron su imposibilidad de avanzar con mayor celeridad porque desde el Ejecutivo no se les remitía con prontitud la información que se le solicitaba.
«Es una falta administrativa. Tiene la obligación de colaborar. Y si eso no sucede, el jefe (para el caso el Intendente) tiene que tomar las riendas y decirle a quien sea que le brinde la información», remarcó.
Sin embargo, y a las pocas horas de estas declaraciones, Sfeir recibió un correo electrónico -que él mismo hizo público en redes sociales- mediante el cual el presidente de la Junta, Juan Martín Álvarez, le expresa que el Legislativo ya no contará con sus servicios como asesor legal.
«Si bien, como es sabido, existe la posibilidad de solicitar el re examen del caso siguiendo el procedimiento previsto (…), esa eventual decisión debe ser tomada por resolución del plenario del Cuerpo que presido, lo que será evaluado por los señores ediles oportunamente», expresa Álvarez en el email.
«Por tanto -prosigue- y habiendo culminado esta etapa, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer los servicios profesionales prestados», añadió.
«En cuanto al seguimiento del caso en la Junta de Transparencia y Ética Pública, se realizará partir de la fecha por personal administrativo de la corporación», señala Álvarez al profesional.
Al respecto, el propio Sfeir se expidió, también en redes sociales: «Sr Presidente, sepa que si el precio por defender el Estado de Derecho, los intereses de la gente de San José (de todos los colores políticos) bienvenida sea esta desvinculación. Pero, otra vez, existió apuro!!!!«, concluyó. / Foto de portada: Facebook Jorge Gutiérrez