Otra vez, Alianza no pudo exponer sobre el asunto y la posibilidad de pedir a la Justicia el reexamen del caso quedó definitivamente por el camino.
Inicialmente pretendió hacerlo a través de una sesión extraordinaria. De hecho la misma había sido anunciada para las 21:30 horas de ese lunes. Sin embargo, la reunión no se llegó a concretar porque si bien la pidió, no pudo confirmarla porque no tuvo las firmas necesarias para ello.
«Hasta este momento por lo general con la solicitud alcanzaba. No sabíamos que se había empezado a ser estricto con la reglamentación» se quejó al terminar la sesión la edila Susana Gásperi.
Ante ello, Alianza optó por presentar una moción urgente. Pero, nuevamente, no recogió el respaldo necesario para ser incluida en el orden del día, a pesar de que -a diferencia de lo acontecido hace 15 días atrás, cuando sucedió lo mismo- el Frente Amplio votó a favor de su ingreso.
Si bien entre ambas bancadas suman 16 ediles, la ausencia de algunos de algunos curules de la coalición de izquierda impidió que la iniciativa prosperara. El Sumate, como hace dos semanas, no acompañó.
Gásperi lamentó el hecho y consideró improbable que pueda existir alguna alternativa para que la Junta sea convocada antes del 2 de enero, fecha tope para que el deliberativo curse el pedido a la Justicia.
La edila señaló, además, que al no haberse podido tratar en sala, ninguno de los informes con los que contaba el legislativo para adoptar una decisión -el del Dr. Germán Sfeir, que fue contratado por el cuerpo para actuar como asesor legal en el caso, y el del Estudio Podestá de Montevideo- ingresó formalmente a la Junta. «Si mañana pasa algo y alguien va a las actas, no va a encontrar nada, es como si no existiera», subrayó.
En ese sentido, Gásperi dio por inválidos todos los pasos que con respecto al tema dio el presidente de la corporación, Juan Martín Álvarez, entre ellos el haber decidido desvincular del caso al Dr. Sfeir luego de conocerse que la Fiscalía había dispuesto su archivo. «Le está quitando la posibilidad al resto de los ediles de decir si están de acuerdo o no. Es inconstitucional», enfatizó.
Por otra parte, cuestionó la celeridad con la que el Estudio Podestá -también a pedido del presidente de la Junta- elaboró su informe, concluyendo que un eventual desarchivo no tendría efecto alguno ya que volvería ser archivado. «La comisión investigadora trabajó un año y medio, pero este estudio en cinco días -contando un sábado y un domingo- ¿llegó a esta conclusión? Es todo muy extraño», opinó.
De todas formas, la edila dijo que los próximos pasos de Alianza apuntarán hacia la Junta de Transparencia y Ética Pública, ya que las actuaciones de la comisión investigadora también fueron derivadas a ese organismo. El mismo había manifestado que no podía expedirse hasta tanto se cerrara la etapa judicial, por lo que ahora estaría en condiciones de hacerlo.
Desde el Sumate, el edil de la lista 50, Adrián Laca, reiteró que para ese sector se trata de un asunto concluido y que el archivo por parte de Fiscalía más el informe del Estudio Podestá dejan en claro que no son necesarias nuevas actuaciones.
Laca sostuvo que todo lo sucedido fue promovido por Alianza «con fines políticos» y que de esa «movida» también fue parte el Dr. Sfeir, quien fue crítico con la decisión de Fiscalía y en su informe sugería solicitar el desarchivo.