La cantidad de trabajadores que solicitaron una certificación médica creció en marzo producto de la pandemia del COVID-19.
Las certificaciones médicas a trabajadores con enfermedades pasaron de 70.000 en febrero a 105.000 en marzo, al tiempo que en los primeros nueve días de abril se sumaron 23.000 presentaciones más por este motivo ante el Banco de Previsión Social (BPS). Estos números refieren a solicitudes presentadas, pero una persona puede certificarse más de una vez en el mes. De hecho, en marzo fueron 80.000 los trabajadores que hicieron uso del subsidio.
Así surge de un informe al que accedió El País del equipo de los trabajadores en el BPS, que estimó distintas variables aún bajo procesamiento interno tomando la evolución de las certificaciones de meses previos.
Detalla que de las 127.000 solicitudes por este subsidio que llegaron al organismo entre marzo y los primeros días de abril, un 23% -unas 29.000 certificaciones- correspondieron a personas con enfermedades respiratorias. A su vez, la mayor parte de los pedidos corresponden a trabajadores con entre 21 y 40 años.
El director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruíz, aclaró en diálogo con El País que los subsidios por enfermedad efectivamente pagos por el instituto previsional en marzo son unos 40.000. Esto porque deben descontarse del total de certificaciones a los trabajadores con dos empleos -que cobran el subsidio por uno de ellos-, los que estuvieron enfermos menos de tres días -lo paga la empresa- y los de la enseñanza pública cuyo pago no corresponde al BPS.
A partir de abril, dentro de este subsidio se incluye a los mayores de 65 años, un grupo al que el gobierno exhortó a fines de marzo a mantenerse sin trabajar tengan o no una enfermedad preexistente. Se trata de unos 7.700 funcionarios públicos y unos 17.000 trabajadores de la actividad privada.
Ruíz destacó que “una fortaleza que tenemos en medio de esta pandemia que golpea a Uruguay y al mundo es la solidez de nuestra seguridad social, con algunas prestaciones -como el subsidio por enfermedad o el seguro de paro– que están jugando un papel fundamental”.
Esa cobertura a los trabajadores que brinda el BPS provocará mayores gastos al organismo. A principio de mes El País dio cuenta que el gobierno estimaba que las prestaciones vinculadas al organismo tendrían un costo aproximado de US$ 300 millones, aunque la cifra puede crecer si la pandemia y sus efectos se prolongan en el tiempo.
El director por los trabajadores explicó que “los rubros prestaciones (en BPS) son indefinidos en el presupuesto, no es que estamos limitados a que hay tanto para pagar los seguros por enfermedad”.
Atendiendo esto y el crecimiento de los subsidios por la paralización de actividades debido al coronavirus, Ruíz aseguró que “seguramente la asistencia financiera para el 2020 va a ser mayor”. Lo vinculó con que “hay dos prestaciones (seguros por enfermedad y por desempleo) que tuvieron un comportamiento histórico, nunca había pasado que hubiera tantas solicitudes” para su cobro.
A fines de marzo El País informó que el directorio del BPS había aprobado el balance correspondiente al 2019, que incluye una asistencia financiera por parte del Estado -si bien en términos contable es un déficit, debe ser cubierto por mandato constitucional- equivalente a US$ 605 millones al valor de cierre del dólar en el año.
“Al pasar raya pos-coronavirus, quiero creer que no nos van a venir a decir que hay mala gestión. Solucionamos todo lo que nos pidieron, (los costos de) toda esta emergencia no pueden salir de los aportes de los trabajadores sino de Rentas Generales. Nadie les puede cargar el déficit del BPS ni la necesidad de reformar la seguridad social por estos números coyunturales”, dijo a El País otra fuente del directorio de BPS.
Atención.
Ruíz manifestó que en las circunstancias actuales cobra valor el cambio de metodología que se implementó tiempo atrás para el subsidio por enfermedad. “Cuando al trabajador lo certifican automáticamente el prestador lo comunica a la empresa y al BPS. Esto es parte del sistema nacional de certificaciones médicas que funciona desde 2008, que facilitó el trámite y en esta situación donde la gente no puede salir ha tenido mucha utilidad”, señaló.
Respecto a los controles médicos, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Silvia Lema, explicó a El País que debido al coronavirus se decidió variar algunas modalidades. Ya hubo certificaciones hechas de forma remota y los peritajes médicos a los que deben acudir aquellos trabajadores con ausencias mayores a 90 días fueron prorrogados.
“Si empezamos a citar a los trabajadores enfermos (a juntas médicas) se pueden generar aglomeraciones de gente y es un riesgo”, sostuvo Lema y agregó que a los peritajes antes de la pandemia solían acudir en promedio unas 300 personas. / Fuente: El País