Respuesta no influirá en el caso, aseguró.
El abogado Pablo Pucheu -actual director de Cultura de la ISJ- dijo este lunes que la contestación dada por la comuna al grupo Los Tucu Tucu sobre la situación del camino de acceso a Arazatí solo describe la realidad, y consideró que no debería ser influyente en la demanda que siguen los vecinos vinculados al balneario contra la familia Voulminot para que la arteria se libere al uso público.
El pasado viernes, en el marco de una audiencia por el caso, la defensa presentó como prueba nueva una respuesta de la ISJ a un pedido de informes que la referente de Los Tucu Tucu, Sofía Mansilla -actual edila del FA- cursó a la comuna a través la Institución Nacional de Derechos Humanos, consultando al gobierno departamental sobre la situación del camino. En esa respuesta, la Intendencia señala que el mismo está dentro de un predio privado.
Tras la audiencia, el abogado de los vecinos, Dr. Franklin Fuentes, se mostró sorprendido por el hecho y opinó que podría alargar el caso más de lo previsto, dejando entrever cierta molestia, además, por el accionar de Mansilla y Los Tucu Tucu, si bien prefirió no expedirse al respecto.
Este lunes, en el programa Sobremesa de Radio 41, el Dr. Pucheu, firmante de la contestación, dijo que «lo que hace la Intendencia es describir la situación del lugar, que implica que hay un camino que en la documentación aparece como privado, y que esa documentación, que ese plano, está siendo controvertido por los vecinos. Y que no hay vulneración de derechos humanos porque se trata de un caso judicializado«, subrayó.
En función de ello, el profesional consideró que lo contestado «no le agrega ni le quita nada al juicio» y remarcó que tampoco significa una toma de posición del Ejecutivo.
«La postura de la Intendencia es la que se indica en el final de la respuesta, que es la de esperar el resultado del juicio. Si la naturaleza de ese plano cambia, la Intendencia actuará en consecuencia», aseguró.
El grupo Los Tucu Tucu también pretende -al igual que los vecinos que llevan adelante la demanda- que el camino se libere al uso público; sin embargo, ha optado por seguir un camino paralelo al judicial consistente en reclamos y movilizaciones públicas.