El abogado explicó la situación.
En la pasada jornada se conoció que la familia Ordeig, propietaria de tierras en el balneario Kiyú, lleva adelante una demanda contra la Intendencia por 5 millones de dólares.
En el programa Según como se mire de Radio 41, la intendenta Ana Bentaberri se limitó a señalar que la acción era por un asunto vinculado al ordenamiento territorial; indicó además que, en primera instancia, la Justicia había fallado a favor de la parte demandante.
Esta mañana, en el mismo programa, el Dr. Pablo Pucheu, quien representa a la comuna en el juicio, dijo que esa información es errónea y que «no ha habido sentencia todavía».
Pucheu también especificó los motivos que llevaron a la familia Ordeig a iniciar la demanda.
«Cuando la Intendencia aborda el tema del ordenamiento de Kiyú y zonas aledañas, se detecta una zona sensible desde el punto de vista ambiental, con un ecosistema muy frágil, y se la categoriza como rural para evitar usos urbanos. Esto provoca una limitación muy importante al derecho de propiedad», admitió.
“La familia Ordeig –prosiguió- tenía en ese lugar un proyecto de fraccionamiento muy antiguo, que si bien no estaba en etapa de ejecución, ni aprobado, era un proyecto que estaba presentado ante la Intendencia. Al categorizarse esos suelos como rurales, sienten limitado su derecho a propiedad y deciden hacer el juicio que, en este momento, está en la etapa de pruebas», subrayó.
Pucheu indicó que la demanda tiene «unos tres o cuatro años de antigüedad», a la vez que la calificó de «muy compleja».
El abogado confirmó que han existido instancias de negociación con la familia Ordeig en procura de alcanzar un acuerdo que, a su entender, podría estarse cerca de alcanzar.
Ese acuerdo incluiría la realización de un «miniplan» de ordenamiento, que establezca «por un lado, un margen de limitación del derecho de propiedad más leve que permita igualmente proteger la zona, que tiene características muy particulares».
Pucheu dijo que esta demanda es una de las dos más importantes que ha enfrentado la Intendencia en los últimos 30 años.
Recordó que una acción de similares características se registró años atrás, impulsada por propietarios de canteras de Ciudad del Plata, que también se sintieron afectados por las medidas de ordenamiento promovidas desde el gobierno departamental. El caso se saldó con un acuerdo entre las partes.