Debido a las floraciones de cianobacterias.
El doctor en Biología en investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Luis Aubriot, cuestionó el proyecto de construcción de una toma de agua en la zona de Arazatí para el abastecimiento del área metropolitana.
En declaraciones a La Diaria, Aubriot señaló que la zona elegida posee «una alta ocurrencia de floraciones de cianobacterias tóxicas (…) Asumiendo que la toma de agua va a ser relativamente costera, es seguro que va a tener una importante afluencia de cianobacterias, a las que en todo caso habría que realizarles un tratamiento especial, con descontaminación y chequeos de si existe o no toxicidad final en el agua tratada», señaló.
En el mismo sentido, el investigador dijo que «una cosa es que uno tenga una planta funcionando en un lugar y el fenómeno comience a ocurrir luego de un tiempo (…) Pero acá, otra vez, planificaron en un lugar donde sabemos que el problema de por sí existe. Desde el vamos esa planta va a tener un problema en la gestión de la potabilización del agua», sentenció.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Nicolás Ferreira, también formuló críticas al proyecto, en este caso desde el punto de vista jurídico.
El dirigente entiende que el informe en el que la secretaría jurídica de Presidencia se expidió en favor de la obra reinterpreta el artículo 47 de la Constitución y promueve una «privatización encubierta»
En su numeral 3, el documento establece que «el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales» y que «no se advierte que la presente propuesta colida el artículo»
Alega al respecto que el «servicio público es un término polémico y polisémico” y que «servicios de interés económico general o servicios económicos de interés general es una terminología que tiende a imponerse en Europa en lugar de la clásica expresión de servicio público».
Así «se desprende que estos servicios responden a necesidades colectivas que deben ser satisfechas mediante prestaciones uti singuli, y que actúan en el mercado, sin que importe si el prestador posee o no ánimo de lucro y cuál es el titular de la actividad» determina el informe.
Para Ferreira, sin embargo, las obras deben llevarse a cabo «como se venían haciendo hasta ahora: los privados hace la obra porque OSE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tienen la capacidad de hacer obras de esa magnitud y la entregan a OSE para que esta opere, gestione, haga el mantenimiento y la logística, sin aumenta las tarifas. Pero este consorcio se propone construir, gestionar y operar», alertó.
Se refiere al Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsas y Fast, que fue quien presentó el proyecto -llamado Neptuno- a Presidencia.
Se espera que Consorcio Aguas de Montevideo tenga pronto el estudio de factibilidad correspondiente en cuatro meses, en coordinación e intercambió con una comisión que estará conformada por tres directores y técnicos de OSE. La decisión final quedará en manos del directorio de OSE, previa autorización del Poder Ejecutivo. / En base a La Diaria