Hace varios años que reclaman el 100%
La Mesa de Concertación de Políticas Públicas definió los planteos que elevará al Ejecutivo sobre políticas de Vivienda para su inclusión en el presupuesto quinquenal.
Los puntos quedaron plasmados en el tercer documento surgido de ese ámbito interpartidario de negociación, que anteriormente alcanzó acuerdos en materia «Trabajo y Producción» y «Medio Ambiente».
El escrito incluye 10 puntos: construcción de hábitat, policía territorial, gestión de espacios libres producto de relocalizaciones, vinculación con organismos nacionales, cartera de materiales para familias carenciadas, nuevos sistemas de construcción, tasa de alumbrado, permisos de construcción, comisión interinstitucional de realojamientos y regularización de planos.
Entre otros asuntos, los partidos acordaron la creación de una cartera de tierras, que convivirá con el fondo rotario que desde hace ya varios años tiene en funcionamiento de la Intendencia.
Sobre el aporte de materiales para familia carenciadas, se remarca la necesidad de transparentar esa acción con el «acompañamiento de informes técnicos» para que, además, ese suministro sea «adecuado y justo a las necesidad de la familia peticionante».
El documento también señala que se «incentivará la aplicación de nuevos sistemas de construcción en coordinación con el Ministerio de Vivienda y la Facultad de Ingeniería».
En relación a la tasa de alumbrado, indica que se ajustará «en base al valor actual que surja del análisis de su componente».
Mientras tanto, y con respeto a los permisos de construcción, la Mesa de Concertación resolvió que «se le mantendrá» al sistema cooperativo «la posibilidad de exonerar el permiso de construcción por hasta un 70% del valor del mismo, con anuencia de la Junta Departamental». Desde hace ya varios años las cooperativas venía reclamando el 100 por ciento de la exoneración.
Del mismo modo, decidieron «respaldar el objetivo de realojo de los vecinos que habitan en zonas inundables», sobre la base de eventuales nuevos convenios con la Universidad de la República y «en los términos sugeridos por el Ministerio de Vivienda».
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