Se lo solicitó a la interventora.
Las empresas integrantes del multimedio La República se presentaron a concurso voluntario el 1° de febrero de 2019. Tras más de dos años de trabajo durante los que se hizo un llamado a interesados en adquirir la empresa, el juez letrado de Concursos de Segundo Turno, Alejandro González González, declaró “desierta la licitación” el pasado martes 31 de agosto y pidió a la sindicatura (la interventora de la empresa) que presente “proyecto actualizado de liquidación en el plazo de 30 días”.
El juez informó a Montevideo Portal que el llamado a presentación de ofertas venció el 27 de agosto a la hora 17, sin interesados. Además, aseguró que el multimedio tiene deudas, y un activo, que es la marca, puesto que no quedan otros bienes a nombre de las sociedades anónimas que lo componen.
La razón social del diario es Reg SA; la de la radio Lacatorce10 y la señal de cable RTV es Somerland SA; y la de la imprenta es Gráfica Berchesi SA.
El artículo 174 de la ley de proceso concursal (18.387), que refiere a la “liquidación por partes de la masa activa”, establece que “en caso de no lograrse la venta en bloque de la empresa en funcionamiento ya sea al contado o a crédito, el síndico presentará a la Comisión de Acreedores un proyecto actualizado de liquidación, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la resolución judicial que declare desierta la licitación, en el que se determinarán para cada clase de bienes y derechos que integran la masa activa, las reglas particulares conforme a las cuales deberán enajenarse”.
El magistrado explicó que la liquidación del multimedio podrá hacerse por tres vías: venta directa (a través de la negociación de la sindicatura con un privado), subasta privada o remate judicial.
Denuncia
En el marco de este proceso judicial, un periodista, que se presentó al concurso de acreedores porque el diario La República le quedó debiendo dinero por su trabajo (por lo que conserva “créditos laborales”), denunció “hechos con apariencia ilegal”.
El pasado 26 de agosto, en un escrito al que accedió Montevideo Portal, el trabajador denunció que “el diario La República ha contratado con el Estado desde fecha posterior al concurso (declarado el 1° de febrero de 2019), facturándole a través de terceras empresas (especialmente Walfur SA y Pintelco SA) en flagrante perjuicio a los acreedores de la masa”.
El periodista denuncia en definitiva que en lugar de ingresar los fondos a las empresas del multimedio que aún les deben salarios a sus extrabajadores, ese dinero es acreditado a otras sociedades anónimas, y de esa manera el directorio evita el pago de las deudas.
“Se han desviado ingresos a través de terceras empresas. Estos hechos provocan un daño manifiesto a los acreedores y por desconocimiento, omisión o la causa que corresponda, a juicio del compareciente cabe responsabilidad sobre síndico y profesionales intervinientes nombrados en tanto fueron hechos de pública notoriedad que constaban en las propias publicaciones del diario La República”, expresa el acreedor y denunciante.
Por esta razón, el periodista pidió que “se congelen los pagos de honorarios a la interventora, al experto que valoró la masa activa y cualquier profesional interviniente”.
Consultado sobre esta denuncia, el juez respondió a Montevideo Portal que le dio le vista a la sindicatura para que la acusada se defienda de la acusación. “Después resolveré”, informó el magistrado, quien definirá si la denuncia pasa a la órbita penal o no.
Walfur SA es una de las empresas que no integraba el multimedio La República a la hora de ir a concurso, pero que le ha facturado a El Estado en nombre del diario. Esta empresa aparece en varias resoluciones de diferentes organismos estatales como la representante de La República. Por ejemplo, en una resolución firmada el 29 de diciembre de 2020, el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, autorizó pauta publicitaria en varios medios de prensa escrita, entre otros “con La República por un monto de $ 938.284 impuestos incluidos, con una ejecución prevista de $ 737.463 para el ejercicio 2020 y de $ 245.821 para el ejercicio 2021, a favor de Walfur SA”.
Para fundamentar que fondos públicos han sido desviados hacia Walfur SA y Pintelco SA, el periodista presentó ante el juzgado documentación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el Banco República (BROU), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), y la Agencia Reguladora de Compras Estatales (Arce). / Fuente: Montevideo Portal