Arrozal 33 deberá pagarle 2.000.000 de pesos por daño moral y 200.000 pesos por daño emergente, además de un monto a determinar por concepto de lucro cesante.
Santiago Mirande, abogado del trabajador, señaló que otras personas “están esperando confirmar diagnósticos médicos” y “ver qué pasaba con el caso de Julio” para iniciar procesos judiciales; incentivó a “no quedarse en silencio”, informó La Diaria.
Tres años pasaron desde que Julio de los Santos decidió iniciar un juicio contra la empresa agroindustrial Arrozal 33, por entender que esta tenía responsabilidad directa sobre su estado de salud. Julio fue herrero en el lugar desde 2014. Tras dos años durante los cuales no se le entregó la vestimenta adecuada para su tarea, en un ámbito sin ventiladores adecuados para protegerlo de los residuos de las soldaduras y de exposición a agroquímicos tanto a nivel ambiental como laboral, comenzaron los síntomas de su enfermedad. El Banco de Seguros del Estado (BSE) determinó en un informe médico que sufre de una enfermedad pulmonar llamada neumonitis de hipersensibilidad por “exposición a agrotóxicos, químicos y polvo orgánico”. Está en fase de fibrosis pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica; una patología grave, progresiva e irreversible. Pero ayer la jueza de primera instancia del Juzgado Letrado de Trabajo de 7° turno, Elena Salaberry, falló a favor del trabajador. Determinó que Arrozal 33 deberá pagarle 2.000.000 de pesos por daño moral y 200.000 pesos por daño emergente, además de un monto a determinar por concepto de lucro cesante.
La jueza también estableció que las pruebas analizadas permiten concluir que “existieron actos y omisiones de la demandada que implicaron el incumplimiento de normas de seguridad y prevención”, y por lo tanto “existe responsabilidad al respecto”. “La exposición a factores contaminantes de naturaleza agroquímica o biológica durante el tiempo en que el actor se desempeñó en Arrozal 33, por incumplimiento de normas de seguridad y prevención, configuró la culpa grave que merece el reproche jurídico”, concluyó.
Arrozal 33 es una empresa agroindustrial que se fundó en 1934 y funciona bajo el régimen de sociedad anónima cerrada. Arrienda 8.500 hectáreas anuales para el cultivo de arroz, más otras 1.000 hectáreas que son propiedad de los productores. La empresa está ubicada en la zona rural de Treinta y Tres, a 90 kilómetros de la capital departamental. Según su página web, la sociedad anónima tiene participación en otras empresas, por ejemplo, Arrozur, donde la empresa arrocera Saman también es propietaria de 47% de las acciones. Se suma la sociedad de responsabilidad limitada Arroyo Sarandí, que dentro de su predio tiene una “planta agroindustrial y un sistema de captación de agua para riego” con una capacidad de alcanzar 2.500 hectáreas. Y la sociedad anónima Galofer, empresa que genera energía eléctrica a partir de la cáscara de arroz.
Arrozal 33 tiene en su predio un molino, donde se seca, descascara, blanquea y clasifica el arroz para comercializarlo; allí trabajan 99 personas, según su página web. Otros 220 trabajadores se dedican al cultivo. “La empresa dispone para su personal en el pueblo Arrozal 33 más de 100 casas para vivienda y edificaciones para policlínicas, actividades culturales y de enseñanza”, plantea en su web, y añade que “colabora con la instalación de una subcomisaría en el pueblo”.
El Banco de Previsión Social (BPS) dictaminó la incapacidad absoluta de Julio: tuvo un porcentaje de baremo –escala que mide el grado de invalidez– de 87,91%. Para poder respirar necesita cargar con una máquina de oxígeno las 24 horas del día. Sus pulmones funcionan en un 50%. Médicos del BSE recomendaron en 2016 que era “aconsejable la reubicación de su lugar de residencia” a un área que “carezca de exposición a contaminantes deletéreos o patógenos”. Ahora vive junto a su familia en Ciudad del Plata, en una casa que le brindó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, pero su situación económica es crítica. / Fuente: La Diaria / Foto: Ricardo Antúnez