Delgado dijo que la LUC atiende demandas.
En el marco de la inauguración del Centro Pyme San José, el presidente del Centro Comercial e Industrial de San José, Eduardo Hernández, reclamó al gobierno políticas que propendan al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Al hacer uso de la palabra, Hernández subrayó que «históricamente» han tenido dificultades, por ejemplo, para acceder a créditos en entidades formales, a tecnología y a procesos de capacitación.
Por otra parte, sostuvo que el país sigue contando con legislación «obsoleta, rígida y reglamentarita» que, en su opinión «deja de lado los mecanismos de promoción y de apoyo a emprendedores para dar prioridad a aspectos tributarios.
«Muchas veces decimos que cuando comenzamos una actividad, el primer socio que tenemos adentro es el Estado, que se lleva una gran parte de nuestros ingresos aunque no los tengamos, y devuelve su participación, en ocasiones, con servicios de poca calidad», criticó.
«Demandamos un Estado que desde sus políticas reactive al sector y que permita el desarrollo de nuestras pymes», reclamó.
En ese sentido, pidió «instrumentos de promoción y de formalización para reordenar nuestras actividades, mayor dinamismos en materia de rubros para capacitación, investigación y asistencia técnica, y facilitar el acceso al régimen tributario y financiero».
No obstante estos planteos, Hernández saludó la apertura del Centro Pyme como un paso del Estado en estos sentidos.
Las expresiones del directivo, sin embargo, encontraron eco en la oratoria del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien fue parte del acto.
Delgado recordó que el gobierno, junto a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) aportó «más de 67 millones de dólares» principalmente para atender la «coyuntura» y las dificultades que atravesaron las pymes como consecuencia de la pandemia «a través de créditos blandos y subsidios, (…) y exoneraciones en materia de aportes y cargos fijos».
Por otra parte, el funcionario recordó que la Ley de Urgente Consideración «tiene un capítulo especial dedicado a las mipymes. Por primera vez en leyes nacionales se consolida una mirada, un énfasis hacia este sector, que además viene a plasmar un reclamo de muchos años», remarcó.
En ese sentido, señaló que para que «el Estado no sea un socio pesado», se dispuso que en el primer año actividad, las pymes tengan «una exoneración del 50% de aportes previsionales y del 25% en el segundo, entendiendo en el esfuerzo y lo que significa levantar una cortina», expresó.
Paralelamente, subrayó que para las empresas «del Literal E, es decir, aquellas más chicas que tienen facturaciones más chicas, eliminamos la tributación por ficto y acordamos que sea de acuerdo a lo facturado, que es mucho más realista», concluyó.