El cierre del de Rodríguez está en «stand by».
El senador Carlos Daniel Camy, presentó en la pasada jornada un proyecto de ley que tiene como propósito evitar que se sigan suprimiendo Juzgados de Paz en el interior del país, otorgándoles -como contrapartida- más competencias.
De 135 juzgados de paz, en la actualidad quedan en funcionamiento 67 en diferentes localidades. En agosto, una decisión de la Suprema Corte de Justicia que dejaba sin efecto otros 20, entre los que se encontraba en de la ciudad de Rodríguez, quedó en suspenso.
La iniciativa de Camy propone nuevas competencias a los juzgados de paz, por ejemplo, en procesos de separación de cuerpos y de bienes, procesos de ratificación de tenencia, homologaciones de convenios en cualquier materia, competencias de urgencia en materia de guarda, visita y pensión alimenticia, violencia doméstica y violencia basada en género, procesos rurales hasta un valor de $ 1.000.000, y procesos laborales cuya cuantía no exceda de $ 273.000 que pasan a tener segunda instancia, entre otros.
En relación al costo de mantenimiento de estos 67 juzgados abiertos, el legislador señaló que el 90% del presupuesto anual corresponde a recursos humanos (retribuciones de jueces y funcionarios) y el 10% a gastos de funcionamiento (UTE, gastos de limpieza, ANTEL, OSE, etc.) y alquileres de locales.
«Con la supresión de los 68 juzgados de paz seccionales se comienza a eliminar una de las instituciones pioneras en nuestro país con más de 150 años de historia», remarcó.
«La administración de justicia está abandonando los pequeños centros poblados para acumularse en las grandes concentraciones urbanas (…). Estamos abandonando el juez de cercanía que tradicionalmente ha construido relaciones de vecindad, de comunicación y respeto entre sus habitantes», resaltó.
«Los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impidan o limiten la posibilidad de acceso a la justicia, fundamentalmente de aquellos ciudadanos más vulnerables», concluyó.