El acto se realizó en Plaza Independencia.
Colectivos feministas se movilizaron este martes en San José de Mayo con motivo de un nuevo Día Internacional de la Mujer.
Tras una marcha que comenzó en Plaza «33» y culminó en la Plaza Zorrilla, con una «parada» en la Plaza Independencia en la que hubo intervenciones alusivas, formularon críticas al gobierno así como también al los contenidos de los 135 artículos de la LUC que serán puestos a consideración de la ciudadanía el 27 de marzo.
Tras recordar los hechos que dieron lugar al 8 de marzo, señalaron que «lo que se ha logrado es mucho, pero cuántas décadas costó y cuántas más serán necesarias para que las condiciones de igualdad que hoy reclamamos se legitimen», se preguntaron.
En ese sentido, expresaron su preocupación por la «expansión del neoliberalismo» ya que cuando eso sucede «las primeras que retroceden y que se ponen en tela de juicio son las mujeres y disidencias».
También dedicaron un capítulo a los efectos de la pandemia sobre la seguridad de las mujeres y señalaron que en 2021 «la mayoría de los femicidios se produjo en la vivienda familiar y fue ejecutada por la pareja actual» de la víctima, contradiciendo «la cultura patriarcal que dice que la mayor desprotección la sufren las mujeres jóvenes, de noche, en espacios públicos de disfrute y por parte de personas desconocidas. Si no estamos seguras en ni en nuestras casas ni en la calle, ¿cuál será nuestro lugar?» se interrogaron.
En la misma línea, hicieron mención a los casos de violaciones grupales ocurridos en las últimas semanas y en particular al episodio por el que se investiga a funcionarios de la Guardia Republicana y lamentaron que las mujeres también sufran la «vulneración de sus derechos por parte de las instituciones que deben cuidarnos».
Asimismo criticaron que la ley integral de violencia basada en género siga con un «presupuesto insuficiente» y la «reorganización de recursos» dispuesta por el gobierno que, en opinión de los colectivos, han dificultado el acceso de las mujeres la Justicia.
Por otra parte, cuestionaron que la implementación de «acciones para desestimular la interrupción voluntaria del embarazo en ASSE, lo que vulnera los derechos de las mujeres, principalmente las de menores recursos».
Por último, dedicaron algunos párrafos a los 135 artículos de la LUC, a la que calificaron como «antipopular».
Entre otro aspectos, señalaron que la reducción de la representación docente en espacios de decisión afecta particularmente a las mujeres, ya que eran ellas las que «mayoritariamente» los ocupaban.
Del mismo modo, indicaron que al no considerar la obligatoriedad de la asistencia a la escuela de niños de 0 a 3 años se «aumenta la responsabilidad de cuidados sobre las mujeres, limitando sus posibilidades de inserción laboral y perjudicando especialmente quienes están en situación de mayor vulnerabilidad».
«La no obligatoriedad del pago electrónico favorece irregularidades en el registro del empleo doméstico y rural. Junto con el desalojo express, agudizan la feminización de la pobreza», alertaron.
«La libertad de decidir y la seguridad no deben ser un privilegio solo de los varones. Hasta que no veamos este flagelo con la importancia que requiere y desde una perspectiva integran, seguiremos pensando que la educación no incide, que los abusos de niños, niñas y adolescentes son hechos aislados o efectos colaterales, que la educación sexual es un simple adoctrinamiento, que el abandono paterno es absolutamente normal, y que proteger a un amigo abusador, es lealtad», concluyeron.
