Bajo apercibimiento de aplicar sanciones.
La Junta Departamental considerará -y seguramente aprobará- en la sesión ordinaria del próximo lunes, un informe de la Comisión de Legislación y Asuntos Laborales mediante el cual solicitará al Ejecutivo que haga cumplir la normativa vigente sobre ocupación de veredas y ruidos molestos.
La Comisión trabajó sobre el asunto luego de un planteo realizado sobre el tema por el edil Walter Faggiani (PN).
En su informe, la Asesora recuerda que «la prohibición» de ocupación de veredas «está regulada por los Decretos N 2189 y sus modificativos N° 2191 y 2398» y que si bien «merecen ser actualizados en algunos aspectos, en su parte sustancial pueden ser perfectamente aplicados y exigido su cumplimiento».
Del mismo modo subraya que además de ser algo prohibido, la ocupación de veredas es también «un obstáculo para los transeúntes en general, que muchas veces deben utilizar la calle para desplazarse y, en especial, genera inconvenientes a las personas de baja visión y a los que tiene cualquier tipo de discapacidad motriz».
Por ello, y teniendo en cuenta que «es deber de esta Junta Departamental velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y su correcta aplicación en defensa del derecho de todos los ciudadanos» la Comisión aconseja al plenario «oficiar a la Intendencia departamental solicitándole que realice los controles correspondientes, intimando a los comerciales que ocupen ilegalmente las veredas a que en un plazo perentorio retiren la mercadería en exhibición, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes».
En agosto del 2021, la intendenta Ana Bentaberri había señalado que la comuna comenzaría a fiscalizar la ocupación de veredas tanto por parte de comercios como de particulares.
Por aquel entonces, la titular del Ejecutivo comentó que ya había hablado con el director de Gestión Ambiental y Salud, Carlos Rodríguez y que la intención era iniciar los controles «cuanto antes». La idea era comenzar por la área más céntrica de la capital maragata para posteriormente expandir la labor hacia otras zonas.
«Todos sabemos que hay un decreto vigente. Queremos que todo aquello que sea aplicable se aplique. Y que si son necesarias modificaciones vayamos a la Junta Departamental a conversar con los ediles para cambiar lo que haya que cambiar» expresaba Bentaberri en esa ocasión.