En cárceles, se establece que la dirección del Comcar y del Penal de Libertad puede ser asumida por alguien externo a la institución, no necesariamente operador o policía.
El proyecto de Rendición de Cuentas plantea la militarización de la Guardia Republicana, que pasa a ser considerada una “fuerza intermedia”. Una fuerza intermedia tiene competencias de seguridad interna, como tiene la Policía, y de defensa nacional, es decir, competencia militar. Es el caso, por ejemplo, de la Gendarmería en Argentina. En el proyecto se indica que esta fuerza pasará de depender del ministro del Interior a depender del Director de la Policía Nacional, informó La Diaria.
Se establece que un porcentaje del valor de los bienes recuperados por la Policía que estén asegurados y cuyos “dueños” sean imputados como autores, cómplices o encubridores de los delitos contra la propiedad será destinado a los policías que intervinieron en el procedimiento que fue incautado. También se plantea que los vehículos incautados en procesos judiciales no vinculados con estupefacientes serán puestos a disposición del Ministerio del Interior.
Se crean 700 cargos para agentes de la Policía, el grado más bajo. También se crean 100 cargos de Bomberos para el “combate de fuegos y siniestros”. El reclamo para esta área era de 260 cargos.
En cárceles, se establece que la dirección del Comcar y del Penal de Libertad puede ser asumida por alguien externo a la institución, no necesariamente operador o policía. Será un cargo de particular confianza, con el sueldo acorde a ese rol.
Se adjudican 202 millones de pesos para construir la cárcel de Artigas y se destinan fondos a aumentar plazas en Treinta y Tres, en el marco del Plan Dignidad, aunque no se plantea que haya presupuesto destinado a generar políticas de rehabilitación o mejoras en la calidad de vida.
Sanidad Policial deja de hacerse cargo de las cárceles de Canelones y Maldonado y las asume la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), manteniendo el resto de las cárceles del interior con excepción de Rivera, que ya dependía de ASSE.
La Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida se jerarquiza y pasa a ser la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida.
Se amplía el número de autoridades que pueden realizar intimaciones al constatar “ocupación indebida de espacios públicos”. Antes, podían hacerlo autoridades policiales, municipales y departamentales. El proyecto propone sustituir autoridades policiales por nacionales, lo que implica a todas las autoridades del Ejecutivo, entre ellas las fuerzas que responden al Ministerio de Defensa Nacional.
Se plantea elevar la pena para el delito de asistencia al delito, que era de 12 meses de prisión a dos años de penitenciaría, a una pena de dos a seis años de penitenciaría. / Fuente: La Diaria