Entre ellos el de la ciudad de Rodríguez.
El proyecto de ley de descentralización y democratización de acceso a la Justicia, presentado tiempo atrás por el senador Carlos Daniel Camy en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta, recibió el visito bueno de distintas organizaciones vinculadas al sistema judicial. La iniciativa pretende evitar el cierre de los Juzgados en el interior del país, entre ellos el de la ciudad de Rodríguez.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, por ejemplo, manifestó su «acompañamiento total a la iniciativa» al igual que la Asociación de Actuarios del Uruguay, desde donde expresaron «no tener objeciones» a la iniciativa. Por su parte, la Asociación de Defensores de Oficio, manifestó «felicidad y agradecimiento por el hecho de que el Parlamento comience a ocuparse del efectivo acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad»
Camy, que por estos días se encuentra en Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado del Gobierno de ese país, resaltó que «todo ciudadano tiene el derecho al acceso a la Justicia, sin que ninguna barrera de orden geográfico, social, o de otro orden pueda limitarlo». En ese sentido dijo que «también en este aspecto el Uruguay padece del centralismo, y revertir esa situación es la pretensión del proyecto de ley que hemos presentado».
El mismo tiene como propósito evitar que se sigan suprimiendo Juzgados de Paz en el interior del país, otorgándoles -como contrapartida- más competencias. De 135 juzgados de paz, en la actualidad quedan en funcionamiento 67 en diferentes localidades. En agosto del año pasado, una decisión de la Suprema Corte de Justicia que dejaba sin efecto otros 20, entre los que se encontraba en de la ciudad de Rodríguez, quedó en suspenso.
La iniciativa de Camy propone nuevas competencias a los juzgados de paz, por ejemplo, en procesos de separación de cuerpos y de bienes, procesos de ratificación de tenencia, homologaciones de convenios en cualquier materia, competencias de urgencia en materia de guarda, visita y pensión alimenticia, violencia doméstica y violencia basada en género, procesos rurales hasta un valor de $ 1.000.000, y procesos laborales cuya cuantía no exceda de $ 273.000 que pasan a tener segunda instancia, entre otros.
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