Lo afirmó su presidente, Eduardo Hernández.
El presidente del Centro Comercial, Eduardo Hernández, expuso este jueves las razones que llevaron a esa institución a votar en contra de la instalación de supermercados El Dorado en San José de Mayo.
Como fuera informado, la Comisión de Grandes Superficies aprobó su llegada a la capital maragata -al local de la ex Garelli- con los votos del Poder Ejecutivo, la Intendencia y la Liga de Amas de Casa en representación de los consumidores.
«Van a terminar cerrando pequeños emprendimientos. Cuando la oferta supera la demanda cierra el más débil, las empresas familiares, los boliches de esquina, el almacén de barrio, que no pueden competir», consideró Hernández en el programa Puesta al Día de Principal FM.
El presidente del Centro Comercial dijo que uno de los argumentos esgrimidos por El Dorado para sostener su «desembarco» en San José de Mayo fue el de la demanda insatisfecha. «En el informe que presentaron señalan que hay 300 empresas establecidas en los rubros que son competencia. Los datos que manejamos el Centro Comercial dicen que un solo distribuidor tiene 600 y pico de comercios. Son números muy diferentes», subrayó.
Hernández dijo que otra de las discrepancias está relacionada con el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. «Hay empresas locales que por su magnitud y movimiento han tenido que comenzar a trasladarse a la zonas periféricas. La autorización de esta gran superficie va a contrapelo de esa política», opinó.
Por otra parte, el directivo recordó que San José ya tiene aprobada otra gran superficie -en alusión al shopping- «muy cercana, en Herrera y Rivera. Es un proyecto que está aprobado por la administración anterior y nadie ha dicho que no se vaya a hacer, lo que nos lleva a preguntarnos hasta cuándo se van a seguir autorizando grandes superficies», expresó.
Hernandez dijo comprender la expectativa que la llegada de El Dorado pueda generar, por ejemplo, en materia de generación de puestos de trabajo; sin embargo, consideró que debe existir también «responsabilidad social» para proteger a los micro, pequeños y medianos comercios que pueden sufrir impactos negativos.
El asunto está actualmente radicado en la Junta Departamental. Si bien la Comisión de Grandes Superficies aprobó su instalación la intendenta Ana Bentaberri dijo que para adoptar la resolución final tomará en cuenta lo que expresen los ediles.