La edila Ana María Piuñeyrúa (FA) pidió a la ISJ que ejerza su potestad de «policía higiénica y sanitaria» para proteger a la población de Kiyú de los agrotóxicos que se dispersan por el área a raíz de las fumigaciones que se realizan en las plantaciones de soja y maíz transgénico linderas.
En la Junta Departamental, Piñeyrúa -quien fuera directora del Hospital de Libertad- subrayó que «el desarrollo de los cultivos transgénicos ha aumentado la exposición de la población a los plaguicidas y el contacto con el ser humano puede darse a través de la piel, de la vía respiratoria y vía digestiva». En este sentido, enfatizó que los plaguicidas en particular son «sustancias potencialmente tóxicas por lo que hay recomendaciones para disminuir el riesgo vinculado a la exposición».
En Kiyú, según expresó «un grupo de vecinos de distintos puntos (…) me han manifestado su preocupación por la cercanía de las plantaciones de soja y maíz transgénico, cercanía al centro poblado que constituye el balneario, a las dos escuelas de la zona y a las poblaciones distribuídas en toda la ruralidad», remarcó.
Exhibiendo fotos, la edila indicó que hay plantaciones «al costado de la avenida principal del balneario» lo que hace que sea «muy fácil de imaginar lo que debe suceder cuando se procede a la fumigación con plaguicidas ya sea por tierra o por aire».
«Queda en evidencia que la distancia requerida por el marco regulatorio para poder fumigar no se cumple. Si a esto le agregamos que muchas veces se procede a la fumigación sin tener en cuenta lo exigido en cuanto a características del clima, como temperatura, humedad y vientos, la situación es más grave aún», aseguró.
En este marco, Piñeyrua recordó que en la ley orgánica municipal se expresa que los gobiernos departamentales deben «velar por los derechos de sus habitantes» y «ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones». A la luz de ello considero que «queda claro que hay cosas que no se están cumpliendo, por lo que se debe actuar con celeridad».
La edila elevó sus palabras al Ejecutivo, a la Dirección de Gestión Ambiental y Salud, y a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente del legislativo para su seguimiento.