Únicamente con los votos del oficialismo, la Junta Departamental de San José declaró «suficientes y válidas» las explicaciones vertidas en sala por el director de Haciende de la comuna, Cr. Miguel Olagüe, en relación al último aumento de la contribución inmobiliaria.
Del mismo modo, expresó su respaldo «a las acciones del Ejecutivo departamental, que se encuentra trabajando y abocado a tratar de manera justa a todos y cada uno de los contribuyentes del departamento de San José» según reza la moción firmada y aprobada por los ediles del Partido Nacional.
Olagüe compareció ante el deliberativo en lugar de la intendenta Ana Bentaberri, quien había sido llamada a sala por la corporación a instancias del edil Alfredo Lago del Partido Colorado.
Las explicaciones del director giraron en torno a los mismos conceptos que había vertido públicamente durante las últimas semanas y que hacían referencia, por un lado, a que la ISJ comenzó a tomar como base para calcular el monto del tributo los datos de la Dirección Nacional de Catastro para poder aplicar el concepto de «justicia tributaria» y «que todos paguen por el inmueble que realmente tienen».
Otro aspecto explicado por Olagüe fue el referido al incremento de la tasa de salubridad, algo que a Lago le generaba dudas y que lo hacía sospechar de un fin recaudador. Al respecto, el director señaló que la mayor suba en comparación con otras tasas que conforman el tributo está vinculada al «peso» que tiene dentro del mismo, que es del 16 por 1000, contra el resto que se sitúa en el entorno del 9 por mil. «Es eso lo que hace que se vea como que el aumento estuvo ahí, pero en realidad no hubo cambio alguno», subrayó.
Y si bien se hizo representar por el titular de Hacienda, la intendenta Bentaberri habló sobre el tema horas antes de la sesión.
La jefa comunal dijo que el comenzar a utilizar la información de Catastro responde a la necesidad de aplicar «un decreto obligatorio» algo que, admitió, administraciones anteriores no hicieron, y que provocaba que todos los años la ISJ fuera observada por el Tribunal de Cuentas. Durante la sesión, Olagüe dijo que contadores de ese organismo «no podían creer» que la Junta hubiera votado un llamado a sala «por cumplir con una norma».
Por otra parte y en relación a la falta de información en general a la población, Bentaberri recordó que tanto ella como Olagüe estuvieron en distintos programas periodísticos dando cuenta de los cambios que se pensaban implementar.