El diputado Felipe Carballo (FA) propuso conformar una comisión pre-investigadora en el ámbito parlamentario sobre el Proyecto Arazatí, de acuerdo a lo informado este domingo por El Observador.
Será bajo la premisa de que «se cambió un decreto específicamente que favorece al consorcio privado que terminó ganando la licitación», y que «no calza en una iniciativa privada ni en una PPP» dijo Carballo, quien el pasado 31 de agosto tuvo su cargo la interpelación al ministro de Ambiente, Robert Bouvier.
«Nosotros salimos de una interpelación con muchas certezas de que todo lo que decíamos era así», afirmó el dirigente de la 711. Carballo, además, ha manejado la idea de presentar una denuncia penal por considerar «ilegal» el procedimiento que terminó con la adjudicación al Consorcio Aguas Montevideo, aunque ese camino no ha encontrado eco en su bancada.
La oposición se inclina en cambio por adoptar nuevas estrategias desde el grupo especializado en temas de agua que conduce la vicepresidenta de la fuerza política Verónica Piñeiro, quien además es gerenta de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo. La coalición de izquierdas avanzará en este sentido para juntarse con las organizaciones sociales vinculadas al tema y «buscar aliados que entiendan que el FA tiene una sensibilidad» al respecto, de modo de lograr una «expresión más contundente y unificada».
Carballo insiste en que el gobierno cambió el decreto 442 del año 2002 –que regula el mecanismo de las iniciativas privadas– a un año de que el consorcio integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast hubiera presentado su proyecto. El nuevo texto definido en 2021 por el Poder Ejecutivo, señaló el legislador, propició que el privado terminara teniendo una ventaja mayor en el proceso de compra (12%), en el entendido de que bajo las viejas condiciones esa ventaja no hubiera superado el 5% al no reunir condiciones como la declaración de interés por parte del jerarca y la publicación por 60 días en el Diario Oficial –algo que no ocurrió en este caso–.
El gobierno apuntó en la interpelación que ese cambio nada tuvo que ver con el proceso competitivo, que terminó abriéndose a comienzos de este año. Carballo acusa que el cambio demuestra una regulación «con nombre y apellido».
El Frente también cuestiona el costo de la obra. El proyecto costará US$ 890 millones a pagar en cuotas anuales durante un plazo de 17 años y medio a partir de que la planta sobre Arazatí comience a funcionar en 2026, por concepto de repago de la inversión del consorcio, más su mantenimiento y la operación.
La actual administración defiende que para 2045 el consumo de agua potable habrá ascendido a 840 mil metros cúbicos y para entonces no será suficiente el máximo de producción de Aguas Corrientes (700 mil metros cúbicos), por lo que la nueva planta en Arazatí aportará 200 mil metros públicos. / Fuente: El Observador
